AEROPUERTOS
Recientemente, el gobierno brasileño con autorización del parlamento ha concesionado los aeropuertos del Brasil para la empresa privada nacional y extranjera. Los principales, mayores y mejores aeropuertos del país, han sido concedidos en administración por 30 años a los interesados. Son 22 aeropuertos de primera calidad civil y aeronáutica que serán administrados por empresas brasileñas y francesas. Se han recaudado 3.3 billones de reais en el remate. Dinero suficiente para dar a los necesitados de la pandemia durante 3 años seguidos para resolver todos sus problemas.
Sabemos que eso no será así, pues habrá otros sectores que también recibirán dinero. Esto es totalmente contra los principios delineados por la Filosofía Socialista Democrática, que dice que si una empresa precisa salir del área estrictamente estatal, debe ser privatizada en 50% como máximo. Concesionada no es lo mismo que vendida, dicen los defensores de esta modalidad. En estricto significado, realmente no lo es; pero en la práctica lo es por 30 años. Durante 30 años el gobierno no tendrá voz de voto para hacer nada con los aeropuertos. Si al menos hubiera concesionado el derecho de compartir la administración en 50% con el Estado y el gobierno, habría una buena oportunidad de formar una empresa mixta, público-privada, intercalando la administración pública con la privada. Lo recaudado sería solo la mitad, pero eso ya es suficiente.
Muchos piensan que los aeropuertos no incentivarán o aumentarán en nada el mejoramiento social del país si continuaban en manos del Estado. Otros piensan que, por el contrario, en manos de Estado es que siempre deberían estar. Opinamos que mitad y mitad no le hará mal a nadie, y una buena cantidad de dinero iría para las manos del gobierno, pues mucho precisa de eso, principalmente en este periodo de pandemia.
Si los comunistas asumieran el poder, los aeropuertos se quedarían del Estado y el gobierno se quedaría sin plata. Si después de esto los comunistas asumen el poder, los confiscarán y no pagarán nada. Los privados perderán 3.3 billones.
¿Chile en su nueva Constitución debería establecer reglas para regular y controlar concesiones y confiscos? ¡Opine, pues es su derecho!